La @FiscaliaCol ha decidido actuar con diligencia para investigar a una funcionaria que se limitó a denunciar una actuación irregular de su jefe, el señor @jpbieri, amigo y actual funcionario de presidencia. La irregularidad se produjo cuando Bieri era gerente de @RTVCco. 🧵
Actuando como gerente, Bieri ordenó censurar un programa porque su presentador hizo comentarios -legítimos en una democracia- cuestionando decisiones del gobierno. La funcionaria, a quien pedían que actuara de manera irregular, decidió hacer la denuncia.
Nada de lo que pasó en esa reunión en la que se ordenó censurar a una persona por tener opiniones críticas, es reservado. La funcionaria está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos que protege a quien hace denuncias sobre este tipo de arbitrariedades.
De otra parte, la @FLIP_org, organización de defensa de libertad expresión que conoció el caso, hizo la denuncia pública cumpliendo con su misión institucional. El señor Bieri tuvo que salir de su cargo y posteriormente fue contratado en otro cargo del gobierno.
El señor Bieri decidió denunciar a la funcionaria por violación del deber de reserva. Como es bien sabido, sólo está reservada la información pública cuando hay una ley que de manera expresa con una finalidad legítima y de acuerdo al principio de proporcionalidad así lo establece
Al tratarse de una instrucción oficial impartida por el funcionario competente a la funcionaria que debe cumplirla, en horario oficial y en su lugar de trabajo no hay la menor duda de qué se trata de una información pública que no tiene porque tener reserva.
Incluso, si estuviera reservada, al tratarse de una instrucción contraria a los derechos humanos, la funcionaria tiene todo el derecho de denunciarla y debe estar protegida según las reglas de protección de informantes de la OSCE, de la ONU y de la @RELE_CIDH
Sin embargo @FiscaliaCol en su actuación, no ha tenido en cuenta los estándares de derechos humanos y ha tomado decisiones que no solamente afectan los derechos de la funcionaria sino principios esenciales de un sistema democrático. Una de esas decisiones es escandalosa.
Acá la @FLIP_org se refiere a esa decisión:
La @FiscaliaCol ordena una inspección para tener acceso a todo el registro de visitantes de la @FLIP_org del 6 de diciembre/18 al 23 de enero/19. Es decir acceder al nombre e identificación de todas las personas que acudieron a esa organización de defensa de derechos humanos.
Las personas acuden a las organizaciones de derechos humanos cuando sienten que están en riesgo, que necesitan protección o apoyo, y muchas veces consideran que la amenaza proviene de agentes del Estado. Esta reserva es tan importante como la reserva de la fuente de periodistas.
La reserva en estos casos está protegida por el artículo 74 de la Constitución. La medida resulta completamente desproporcionada, innecesaria y evidentemente intimidatoria. Ni siquiera Rafael Correa y su fiscal, que arreciaron contra las ONGs en Ecuador, hicieron algo semejante.
La @FiscaliaCol debería rectificar de inmediato una actuación tan irregular como la que se denuncia. El fiscal debería dar inmediatamente instrucciones para que la institución no viole derechos humanos al momento de adelantar sus actuaciones. Esto es una vergüenza.
La @FiscaliaCol colombia acaba de emitir este comunicado. A estas alturas creo que de verdad no entienden la gravedad de la situación. Normalizaron el autoritarismo.
No atienden a ninguno de los estándares internacionales sobre el derecho de acceso a la información pública; tampoco a los estándares de protección de informantes; y terminan diciendo que la inspección se ordenó pero que finalmente no se hizo porque los reportes no existían.
Para la @FiscaliaCol no es grave que se hubiera ordenado una inspección a una organización de derechos humanos para saber quienes ingresaron a esa organización durante un largo periodo. Y lo que sí considera grave es que se haga la denuncia y llama a la “prudencia”.
A ver: la @FiscaliaCol “llama a la prudencia” a organizaciones que denuncian hechos irregulares por parte de esa entidad, como el decreto de una diligencia desproporcionada que viola garantías constitucionales elementales. Francamente necesitan urgente una reunión con @FLIP_org.
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