A juzgar por cierta prensa, México dará hoy un paso más hacia el abismo, cuando la Cámara de Diputados apruebe la desaparición de fondos y fideicomisos para asuntos muy diversos, desde desastres naturales hasta deportes, pasando por ciencia, educación, cultura y aduanas.
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Más que un indicio del carácter destructivo del gobierno federal y su mayoría parlamentaria, encuentro en esa narrativa mediática sobre todo un indicio de que no han leído el dictamen correspondiente: el dinero seguirá fluyendo a los mismos receptores para los mismos fines.
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Para efectos de los beneficiarios (que incluyen también a periodistas y defensoras de derechos humanos, víctimas del delito, cineastas y socios en la cooperación internacional para el desarrollo), en principio sólo cambia una cosa: quién firma el cheque.
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¿Por qué entonces se posicionó ésta como la madre de todas las batallas? Porque el cambio no sólo afecta a los destinatarios de los fondos y fideicomisos, quienes no pierden nada, sino a sus administradores, quienes quedarán sujetos a nuevos controles.
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Va como muestra un primer ejemplo: el deporte. Los apoyos a deportistas de alto rendimiento que otorgaba el Fodepar correrán ahora a cargo de la Conade. Entre 2000 y 2018, la Auditoría Superior de la Federación hizo una sola auditoría al Fodepar, en 2001, y 24 a la Conade.
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La diferencia, entonces, es que ahora el dinero estará sujeto a controles mucho más estrictos.
Segundo ejemplo: la ciencia. Como denunció en su oportunidad la directora del Conacyt, 70% de sus fondos estaban destinados a subsidiar la investigación de empresas privadas.
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Estos subsidios se ejercían a través de los 27 centros de investigación, por medio de la "vinculación" con el sector privado para mejorar la "competitividad" del país. Los propios centros generaban parte de esos recursos al vender servicios a entidades sobre todo públicas.
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Estos centros, que en su mayoría nunca auditó la ASF, disponían de sus recursos asignados y propios de manera discrecional. Y, como suele suceder en muchas entidades científicas, estaban en manos de camarillas cerradas que los usaban para perpetuarse.
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Ahora el Conacyt, auditado 58 veces entre 2001 y 2018, ejercerá directamente los recursos. No sólo eso: a diferencia de los centros de investigación, que disponían de "su" dinero como y cuando quisieran, el Consejo deberá entregar cualquier excedente a la Tesorería.
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Esto significa que el dinero se gastará exactamente en lo que debe gastarse, porque:
1. La Cámara de Diputados asignará los recursos en debate público.
2. La SHCP verificará su uso y recuperará los subejercicios y excedentes.
3. La ASF auditará su aplicación.
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Que la transición de discrecionalidad y opacidad a transparencia y control sea presentada como un paso más al abismo dice poco del gobierno que la impulsa y mucho de quienes se oponen a ella: en el fondo, solo defienden intereses creados. Esperemos que no tengan éxito.
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